Los intentos de Londres de imponer un tributo del 20% a las herencias de fincas agrícolas que tengan valor de más de 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) supondrían una "carga adicional" para los agricultores británicos, que "ya se encuentran en la situación más difícil de los últimos años y sencillamente no podrán hacerle frente".
Según Bradshaw, que es el presidente de la Unión Nacional de Agricultores, los agricultores ya están "luchando contra el fuerte aumento de los costos de producción de combustible, forraje y fertilizantes" y se tambalean al borde de la rentabilidad, por lo que un presupuesto del país inspirado con el impuesto "solo exacerbaría los costos" de la producción de alimentos.
En palabras de Bradshaw, una finca adecuada para la agricultura viable vale mucho más de 1 millón de libras esterlinas. En consecuencia, un mayor número de propiedades agrícolas de lo estimado por las autoridades quedarían sujetas al impuesto, y algunos agricultores se verían obligados a dividir sus granjas para evitar la tributación, lo que en última instancia "hará que la mayoría de las fincas no sean rentables".
"Esta discrepancia demuestra una profunda incomprensión por parte de Hacienda y del Gobierno del valor de las granjas familiares y de su funcionamiento. Las fincas son la columna vertebral de nuestra campiña y la base de nuestra industria alimentaria (...) Si no se suprime el impuesto sobre las granjas familiares, muchos se verán obligadas a venderlas por completo", planteó.De acuerdo con el columnista, en vez de invertir en el mayor sector manufacturero del país — las bebidas y los alimentos — con estas medidas el Gobierno "está cortando la hierba bajo los pies de los principales productores que son los agricultores". En cuanto a los propios granjeros, Sky News citó a uno afirmando que el Gobierno "tendrá que entrar en razón porque los precios de los alimentos subirán al no poder producir tantos alimentos".
"Esto es básicamente un robo y un gesto obsceno para toda la industria agrícola", resumió a su vez el agricultor oriundo y exdiputado de la oposición, Robbie Moore. La introducción de este impuesto no es la primera medida impopular del nuevo Gobierno laborista.
Así, la supresión de las ayudas a la calefacción en la temporada de invierno boreal ya provocó una amplia protesta pública. Los expertos estiman que las consecuencias negativas de tal resolución podrían afectar a varios millones de jubilados, que se verán literalmente obligados a elegir entre cocinar o mantenerse calientes.
El Gobierno del primer ministro Keir Starmer alega que tan duras medidas se deben a la necesidad de ahorrar fondos ante el enorme agujero financiero heredado del anterior Ejecutivo. Sin embargo, los medios de comunicación británicos han llamado la atención sobre el hecho de que el propio funcionario no escatime, por ejemplo, en costosos regalos a su esposa en un momento en que gran parte de la población del país atraviesa graves dificultades económicas.
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