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El presidente mexicano, Felipe Calderón podría ser denunciado ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Abogados, periodistas y defensores de derechos humanos participan de un encuentro en el que exponen sus razones para presentar una demanda contra el mandatario. Los impulsores de la iniciativa han preparado el texto de la querella, que cuenta con el respaldo de 20.000 firmas, en el que aseguran que tanto Calderón como su cúpula militar deberán pagar por atacar a la sociedad civil en el transcurso de la guerra contra el narcotráfico.

En el documento indican que desde que el presidente declaró el inicio de la lucha contra el narcotráfico en 2006, "México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente, que ha dejado ya más de 50.000 muertos, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados". Según activistas, en el país "existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables, como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado".

"El ejército mexicano ha asesinado a civiles, incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y operativos, ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables", se afirma.

Los firmantes agregan que a las acciones delictivas se suma "una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados".

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón anunció el inicio de la llamada 'Operación Conjunta Michoacán', en el marco de la cual 5.000 soldados y policías recibieron la orden de desplegarse en el Estado mexicano de Michoacán y enfrentarse cara a cara al crimen organizado. Fue el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico en México, que hasta el momento se ha cobrado más de 50.000 vidas.

Además de contra Calderón, la denuncia va dirigida contra los secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, así como contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Por su parte, el presidente Felipe Calderón hizo un llamamiento al pueblo mexicano para que "vaya más allá del reclamo y transforme su indignación en propuestas viables". El jefe del Estado puso en marcha la institución de atención a las víctimas, denominada Províctimas. La entidad se dedicará a atender a quienes se han visto afectados por la violencia.