(España) - La Oficina Antifraude, con un testimonio protegido, y la Sindicatura de Cuentas investigan las irregularidades en la DGAIA desde el año 2016, bajo el control de ERC.
Traspaso de poderes entre Pere Aragonès y el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
© Gorka Loinaz ARABA PRESSTraspaso de poderes entre Pere Aragonès y el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
El caso de la niña de 12 años violada varias veces mientras estaba bajo tutela de la Generalitat ha desatado una tormenta política en Cataluña con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en el punto de mira.

Tres días después de conocerse nuevos detalles de los errores en la guarda de la menor que sufrió abusos sexuales entre 2020 y 2021, la consejera Mònica Martínez Bravo comunicó ayer la intención del Govern de personarse como acusación popular en el juicio contra la red pederasta y reconoció que "es evidente, desde hace años, que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) necesita una transformación profunda".

La consellera aseguró que su equipo ha iniciado "una transformación integral" del organismo autonómico responsable de la protección y acogida de menores y jóvenes ex tutelados. Unos cambios que, hace menos de dos meses, llegaron hasta la cúpula, con la destitución de la directora y el subdirector, Isabel Carrasco y Joan Mayoral, apenas medio año después de su nombramiento.


Pese a que el Govern del PSC ha evitado hasta ahora explicar los motivos concretos de ambos ceses [solo hubo justificaciones genéricas como la búsqueda de "la excelencia" a través de un "nuevo liderazgo"], la reestructuración ha coincidido con otra reciente crisis abierta en la DGAIA, señalada por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones detectadas desde 2016, con Esquerra Republicana al mando de la consejería, partido del que depende la estabilidad del Ejecutivo socialista en la actual legislatura.

A la investigación de la Sindicatura de Cuentas del periodo 2016-2020, que será completada próximamente con otro informe sobre el año 2022 [ejercicio en el que Junts controló la conselleria nueve meses] se le suma la que la Oficina Antifraude de Cataluña inició el año pasado a raíz de la denuncia por mala praxis del trabajador de una de las sociedades a las que la Administración externaliza el servicio, la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis (Plataforma Educativa). "En cuatro meses ya me había dado cuenta de que era una mafia", explica a EL MUNDO este empleado [contratado en septiembre de 2023], actualmente en situación de baja médica y declarado testimonio protegido.

Su caso, revelado por la plataforma Octuvre, destapa un sistema prestaciones económicas y de vivienda a fundaciones privadas y jóvenes ex tutelados sin control público, lo que permite que se mantengan aun cuando las condiciones particulares han variado. Por ejemplo, al conseguir un puesto de trabajo y no residir en el piso tutelado. En una de las grabaciones de conversaciones telefónicas aportadas por el denunciante, su superior jerárquica admitía una posible práctica de "malversación de fondos" y le instaba a no paralizar las ayudas públicas: "Cuando gestionas prestaciones, te toca hacer mucho trabajo sucio".

En una llamada posterior, la coordinadora le prohibió expresamente denegar casos, pese a que el técnico educativo hubiera detectado procesos previos "no éticos". "A mí tampoco me gusta, te acostumbrarás", le indica durante el diálogo la responsable del SEVAP (Servicio de Valoración de la Prestación para jóvenes ex tutelados). En la denuncia, consultada por este diario, el educador social relata el ejemplo de una plaza fantasma, la de un joven que se había ido a trabajar a Valencia y por la que se seguían pagando las dos aportaciones de dinero público sin cumplir ya los requisitos.

El trabajador de esta Unión Temporal de Empresas describe un "claro sistema de corrupción" basado en una red clientelar y puertas giratorias entre la consejería, la DGAIA y varias fundaciones y entidades privadas del denominado tercer sector que prestan los servicios.

Sindicatura de Cuentas

En paralelo, el informe presentado en noviembre por la Sindicatura de Cuentas sobre los años 2016-2020 alerta de varias irregularidades en la contratación pública. "Hasta 2018, la DGAIA contrató a 154 centros por el procedimiento de emergencia sin que se dieran los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo", indica uno de los puntos. "De 181 contratos, en 112 no se firmó ningún documento de prórroga y hubo una alteración significativa de los originales", critica también el ente fiscalizador.

Esquerra se posicionó en contra del texto y defendió que había tres factores no contemplados: la llegada imprevisible de migrantes solos, la intervención estatal de la autonomía mediante el artículo 155 en 2017 y 2018 y la pandemia en 2020. Aunque inicialmente PSC y Comuns se mostraron de acuerdo con el dictamen, en la votación final acabaron arropando a los republicanos.

Si a finales del año 2016 había 203 centros que prestaban a la DGAIA el servicio de acogida, cuatro años después la cifra casi se había triplicado: 594.

En la maraña de entidades en las que el rastro del dinero de origen público se pierde, destaca Plataforma Educativa, organización que engloba una decena de fundaciones y asociaciones que, entre 2016 y 2023, gestionaron más de 300 millones de euros.

Comisión de investigación en el Parlament sobre la DGAIA

PSC, ERC y Comuns acordaron ayer la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat desde 2011 hasta la actualidad, es decir desde la etapa del Govern de CiU presidido por Artur Mas.

La iniciativa que llegaba unas horas después de que Junts anunciase que impulsaría una comisión parlamentaria sobre la gestión de la DGAIA y el PP diera apoyo público a la idea y pidiese la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo. La titular del Departamento, de hecho, intervendrá en la Cámara autonómica el 10 de junio para dar explicaciones sobre la crisis en el organismo encargado de la tutela de menores en situaciones de vulnerabilidad. Aun así, Martínez Bravo ya será interpelada por la oposición en la sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles.

Dependiente de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud del Departamento de Derechos Sociales, la DGAIA tiene bajo control a unos 20.000 menores, de los que cerca de 9.000 disponen de medidas de protección, como tutela o guarda.

Desde el año 2011 ha habido siete consellers del ramo, en las distintas denominaciones de esta consejería: Josep Lluís Cleries (CiU, 2010-2012), Neus Munté (CiU, 2012-2016), Dolors Bassa (ERC, 2016-2017), Chakir El Homrani (ERC, 2018-2021), Violant Cervera (Junts 2021-2022), Carles Campuzano (independiente por ERC, 2022-2024) y Mònica Martínez Bravo (PSC).