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Las autoridades estadounidenses deportaron a 392.000 extranjeros durante el último año fiscal, que finalizó el 30 de septiembre, según los datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Casi la mitad de los extranjeros deportados, unos 195.000, tenían antecedentes penales. Estas cifras suponen un nuevo récord de deportaciones en el país.

Durante este último año el Gobierno de Barack Obama deportó a unas 23.000 personas más que en 2008, el último año de la presidencia de George W. Bush. Además, en 2011 fueron deportadas unas 81.000 personas más, condenadas por delitos, que en el período fiscal de 2008. "Esto representa un incremento de las deportaciones de extranjeros con antecedentes penales de más del 70% sobre las cifras del Gobierno anterior", señaló el comunicado de la ICE.

En los últimos años el Departamento de Seguridad Nacional extendió considerablemente las áreas fronterizas donde se aplica el programa policial Comunidades Seguras, que emplea los datos biométricos para identificar en las prisiones estatales y locales a los extranjeros que deben ser deportados.

Además, las autoridades indicaron que han mejorado y ampliado el sistema E-Verify que permite a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados. Desde enero pasado, el número de compañías que se han incorporado a este sistema se ha duplicado y por el momento supera las 243.000 empresas, con más de 834.000 sitios de contratación de trabajadores.

Según informó la agencia ICE, "el sistema E-Verify procesó durante el período fiscal 2011 más de 16 millones de solicitudes que permitieron a los empleadores la determinación de la elegibilidad de sus empleados para trabajar en Estados Unidos".

El aumento de las deportaciones coincide con las propuestas de fortalecer la seguridad fronteriza de EE. UU. En esa materia el precandidato republicano a la presidencia estadounidense, Herman Cain, propuso recientemente construir un muro en la frontera entre EE. UU. y México que emita descargas eléctricas "mortales". Esta medida "para combatir la inmigración ilegal" ha provocado una fuerte polémica en ambos países.