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Cuando la Administración Estatal Oceánica (AEO) divulgó el 5 de julio los detalles de su investigación sobre el derrame petrolero ocurrido cerca del campo petrolífero 19-3 de Penglai, había transcurrido casi un mes desde el incidente en la bahía de Bohai. Antes de la rueda de prensa de la AEO, el público no tenía la menor idea de qué había sucedido realmente en la bahía de Bohai.

Los rumores sobre el accidente pululaban por Internet desde principios de junio, pero fueron negados por la Corporación Nacional de Exploración Petrolera de Plataforma de China (CNEPPCh). Pero la CNEPPCh, una de las tres mayores compañías petroleras de China, y la AEO, afirman haber divulgado el derrame entre los departamentos administrativos y los gobiernos provinciales inmediatamente después de sucedidio el accidente.

Pero el público, especialmente los que viven cerca del área, no recibió alarma por contaminación. El consorcio BP divulgó el derramamiento de crudo en el golfo de México solamente cuatro días después del accidente. En una entrevista, los representantes de la CNEPPCh dijeron que deciden si se publica un accidente basándose en la gravedad del mismo. El derrame en la bahía de Bohai era mucho más pequeño que el del golfo de México, dijeron, de ahí que no lo informaran de inmediato.

Pero el derecho a saber es uno de las prerrogativas fundamentales del público. La población debe estar al tanto de todos los accidentes, especialmente los ambientales, que pueden afectar los intereses públicos, sin importar su envergadura. Además, toca al público juzgar la seriedad de un accidente, no a las compañías que causan la contaminación. Hasta cierto punto, hay poca diferencia entre grave o menos grave cuando se trata del medio ambiente. Cualquier intento de ocultar los hechos y la verdad de los acontecimientos relacionados con los intereses públicos debe ser castigado.

En ocasiones, las compañías se muestran remisas a decir al público lo que está sucediendo, por temor a quedar mal. El comportamiento de la CNEPPCh en el derrame de la bahía de Bohai es un ejemplo típico. El Gobierno debió cerciorarse de que la información se publicara, pero dejó pasar la oportunidad de hacer un buen papel. Según el informe, la AEO recibió la información sobre el vertido a principios de junio y no informó al público inmediatamente. Los gobiernos provinciales también recibieron el informe poco después del accidente, pero ningunos de ellos publicó detalle alguno.

Aunque hay regulaciones para la emisión de información, muchos funcionarios del gobierno las pasan por alto. Todavía siguen colocando los intereses económicos por encima de cualquier otra consideración, ignorando los costos ambientales y los intereses públicos. Entienden mal la meta del desarrollo económico, que apunta a mejorar la vida de todo el pueblo. Si el desarrollo acelerado se produce a expensas del interés público y contamina el ambiente, entonces pierde su significado.