La policía se enfrentó a cientos de estudiantes este jueves en el centro de Santiago, donde se realizó la tercera marcha estudiantil en un mes en Chile, para pedir un fortalecimiento de la educación pública.

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Policía chilena enfrenta a estudiantes en marcha en centro de Santiago
Agentes policiales lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua en las afueras del palacio presidencial de La Moneda para disolver una manifestación que congregó a miles de personas por la céntrica Alameda y que supuestamente no contaba con una autorización oficial.

Los incidentes estallaron bien avanzada la marcha, que tal como en las dos oportunidades anteriores se desarrollaba de forma muy festiva, congregando a estudiantes, profesores, padres y niños, cuando la Policía impidió el avance de los manifestantes por las afueras de la casa de Gobierno.

Primero dijo que sí y luego que no

Los manifestantes nucleados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) partieron desde el sector este de la Alameda, la principal avenida de Santiago, pese a las advertencias de la Intendencia Metropolitana, que autorizó inicialmente la circulación desde la zona oeste. Sin embargo, al ver la masividad de la manifestación, las autoridades decidieron otorgar los permisos.

"Queremos avanzar a un sistema educativo que abra posibilidades a romper con este Chile segregador y desigual", dijeron Jackson y Camila Vallejo, líderes del movimiento que puso en las calles a miles de jóvenes que suman dos meses movilizados y cuentan con un alto apoyo social, según sondeos.

El gobierno había prometido una inversión en educación de 4 mil millones de dólares en varios años, un aumento de 80 por ciento en las becas y la rebaja de los intereses de un crédito privado que se utiliza para financiar los aranceles en la educación superior.

Pero "no contempla un cambio en la estructura del sistema", criticó Camila Vallejo. Los fondos destinados a la educación son básicamente para abaratar los costos de los créditos con que los alumnos pagan sus estudios.

Los estudiantes exigen, además, un plebiscito para estatizar el cobre y se suman así a las movilizaciones ambientales, regionales y sociales que este año sacudieron al gobierno con críticas.