Traducido por el equipo de SOTT.net
Octopus Cartel
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Por fin, un golpe en el corazón del Monstruo

Texas y otros 10 Estados de EE.UU. han pulsado el botón legal antimonopolio radiactivo y han presentado una demanda contra BlackRock, Vanguard y State Street. Los estados alegan que las gestoras de fondos compraron grandes participaciones en empresas de carbón y luego se confabularon para promover objetivos ESG y DEI (diversidad, equidad e inclusión) que redujeron la producción de carbón. La disminución de la oferta de carbón, a su vez, aumentó el coste de la electricidad para los consumidores. Fue un comportamiento fundamentalmente anticompetitivo. Estas tres empresas juntas tienen 26 billones de dólares de activos bajo gestión. Eso es sólo un billón menos que todo el PIB de EEUU.

En este caso, parte de la colusión se ocultó a plena vista. Las tres gestoras de fonfos dijeron que intentaban salvar el mundo y proteger a la gente, y se unieron a grupos como el GFANZ y a alianzas Net Zero como Climate Action 100+. Pero al final, estos tres gigantes financieros habían adquirido colectivamente cerca del 30% de la mayoría de las empresas de carbón estadounidenses, y aunque afirmaban tener buenas intenciones, los 11 fiscales generales de los Estados argumentan que cualquier alegación extraña de beneficios sociales es irrelevante. Estas tres empresas se han beneficiado inmensamente mientras que a los clientes se les ha negado el acceso a un mercado libre y abierto, y han pagado facturas de electricidad más elevadas.

En una democracia, se supone que el pueblo decide las políticas, no los oligarcas.

Fíjese en el control que las tres supermasivas gestoras de fondos tenían sobre la industria del carbón:
Coal Companies

No es de extrañar que las empresas del carbón fueran tan patéticas a la hora de defenderse y luchar contra la propaganda climática. Fueron capturadas por el Monstruo y retenidas como rehenes de objetivos mayores:
BlackRock, Vanguard y State Street, demandadas por estados republicanos por su presión climática por Jonathan Stempel y Carolina Mandl (Reuters).

Los demandados fueron acusados de explotar su poder de mercado y su participación en grupos de defensa del clima para presionar a las empresas del carbón para que redujeran la producción y las emisiones de carbono en más de un 50% para 2030, aumentando las facturas de servicios públicos de los consumidores.

"Los mercados competitivos, y no los dictados de lejanas gestoras de fondos, deberían determinar el precio que pagan los estadounidenses por la electricidad", afirmaban los estados en la demanda.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina presentó la demanda, acusó en un comunicado a los demandados de promover un "armamentismo ilegal de la industria financiera al servicio de una agenda 'medioambiental' destructiva y politizada".

La demanda pretende impedir que estas empresas voten resoluciones de los accionistas o actúen de forma que socaven la producción de carbón y la competencia. Los fiscales generales también quieren dinero: piden que se paguen multas por la violación de las leyes antimonopolio.
De la demanda legal:

El libre mercado ha sido destruido:
Durante los últimos cuatro años, los productores de carbón de Estados Unidos no han respondido a las señales de precios del libre mercado, sino a las órdenes de Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, y sus colegas gestores de activos. A medida que ha aumentado la demanda de electricidad que los estadounidenses necesitan para calentar sus hogares y alimentar sus empresas, la oferta del carbón utilizado para generar esa electricidad se ha reducido artificialmente, y el precio se ha disparado. Los demandados han cosechado los frutos de mayores rendimientos, mayores comisiones y mayores beneficios, mientras que los consumidores estadounidenses han pagado el precio en facturas de servicios públicos más altas y costes más elevados.
Los tres gigantes financieros han violado la Ley Clayton (legislación antimonopolio):
Los demandados son tres de los mayores inversores institucionales del mundo. Cada uno de los demandados ha adquirido individualmente participaciones sustanciales en todos los productores de carbón de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Cada uno de ellos ha adquirido así el poder de influir en las políticas de estas empresas competidoras y provocar una disminución sustancial de la competencia en los mercados del carbón. Y cada una de ellos ha utilizado su poder para reducir sustancialmente la competencia en los mercados del carbón. Considerada por sí sola y de forma aislada, la adquisición y utilización de productores por parte de cada uno de los demandados ha infringido el artículo 7 de la Ley Clayton.

... Los demandados tienen una inmensa influencia sobre estas empresas por sí solos, pero colectivamente los demandados poseen un poder para coaccionar a la dirección que es casi irresistible.
Han hecho públicos sus objetivos:
Climate Action
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Pero los demandados no sólo han actuado solos y aislados. En 2021, fueron más allá. En ese año, cada uno de los demandados anunció públicamente su compromiso de utilizar sus acciones para presionar a la dirección de todas las empresas en cartera en las que tenían activos para que se alinearan con los objetivos de cero emisiones netas. Esos objetivos incluían la reducción de las emisiones de carbono procedentes del carbón en más de un 50%.

Por tanto, en lugar de utilizar individualmente sus participaciones para reducir la producción de carbón, los demandados formaron de hecho un sindicato y acordaron utilizar sus participaciones colectivas en empresas de carbón cotizadas en bolsa para inducir reducciones de la producción en todo el sector.
Y aunque se han retirado de estas alianzas Net zero (o Monster Banker Clubs), eso no cambia el hecho de que se involucraron en un comportamiento anticompetitivo y todavía siguen amenazando el libre mercado.

Pretender salvar el mundo mientras se saca provecho de la colusión no está bien
Los demandados han defendido públicamente su plan anticompetitivo apelando a la protección del medio ambiente. Pero la adquisición de acciones ordinarias "cuyo efecto 'puede ser sustancialmente disminuir la competencia' no se salva porque, en algún cálculo final de débitos y créditos sociales o económicos, pueda considerarse beneficiosa"... Las leyes antimonopolio de la nación "reflejan un juicio legislativo de que, en última instancia, la competencia producirá no sólo precios más bajos, sino también mejores bienes y servicios"... La creencia de los demandados de que la preocupación por el clima confiere una licencia para suprimir la competencia es "errónea".

Las leyes antimonopolio no permiten [a los encargados de hacer cumplir las leyes antimonopolio de Estados Unidos] hacer la vista gorda ante un acuerdo ilegal sólo porque las partes se comprometan a algún beneficio social no relacionado. Según las leyes antimonopolio, la competencia plena y abierta debe dictar la producción nacional de carbón.
BlackRock también ha engañado a sus propios accionistas

Larry Fink, consejero delegado de Blackrock, convirtió los fondos de pensiones de la gente en su propia máquina activista de izquierdas. Les dijo que maximizaría sus ganancias, pero en lugar de eso utilizó sus fondos para promover sus propios beneficios y objetivos a costa de ellos.
Black Rock
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Además de unirse a las otras dos grandes gestoras de activos institucionales para lograr una reducción de carbón, el demandado BlackRock fue más allá: engañó activamente a los inversores sobre la naturaleza de sus fondos. En lugar de informar a los inversores de que utilizaría sus participaciones para promover los objetivos climáticos, BlackRock afirmó de manera sistemática y uniforme que sus fondos no destinados a los ESG se dedicarían únicamente a aumentar el valor para los accionistas. Pero como se detalla a continuación, BlackRock violó sistemáticamente su promesa a los inversores, utilizando todas sus participaciones para avanzar en sus objetivos climáticos y (como es más relevante aquí) promover los objetivos de su sindicato de reducción de la producción.
Los Estados que pueden salvarnos a todos son Texas, Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Misuri, Montana, Nebraska, Virginia Occidental y Wyoming.

Otros países deberían seguir su ejemplo y revisar sus propias leyes de competencia. Puede que no tengamos leyes antimonopolio, pero la mayoría de los países occidentales tienen algún tipo de leyes de competencia contra los cárteles que abusan de su poder de mercado.

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