La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) comparte con la RAE su preocupación por el futuro de la enseñanza en español en las comunidades bilingües de España y afirma que la nueva ley de Educación "no solo afecta a España sino también a los casi 600 millones de personas que comparten una lengua universal".
Preocupación ante la nueva ley de Educación en España: el futuro de la lengua también preocupa en Norteamérica
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Rueda de prensa telemática de Isabel Celaá
La ANLE, que es una de las 23 academias de la lengua española y tiene como misión el estudio, elaboración y aplicación de las reglas normativas del español que se habla en EEUU, expresó mediante un comunicado su "profunda preocupación" por el contenido de la nueva ley de Educación aprobada en el Congreso de los Diputados.

El motivo de sus recelos es que el castellano deje de ser la lengua vehicular en la enseñanza en España. La ANLE estima que la llamada ley Celaá "no solo afecta a España sino también a los casi 600 millones de personas que comparten una lengua universal". "Compartimos plenamente la posición de la RAE de ponerse a disposición del gobierno de su país para prestar el asesoramiento que considere necesario mientras el proyecto de ley se tramita en el Senado", se afirma en el texto.

Enfoque académico

En su comunicado, la institución dirigida por el argentino Carlos E. Paldao resalta que su perspectiva "no es política, sino académica".

"No se trata de desconocer otras lenguas ni de imponer una sobre las demás, sino de defender un patrimonio universal y velar por su conservación y desarrollo en todos los ámbitos de la cultura y la sociedad", se dice en el texto promovido por esta academia, que también ha sido acogido mediáticamente en España como una crítica explícita a la ley. "La ANLE no pretende inmiscuirse en un proceso legislativo de otro país", precisa no obstante a Sputnik Jorge Ignacio Covarrubias, secretario general de esta institución.
"Sencillamente nos hemos solidarizado con la Real Academia Española compartiendo su preocupación por las consecuencias que dicha pieza legal pueda representar para la enseñanza del español y adhiriendo a su postura de prestar asesoramiento a las autoridades correspondientes en lo que corresponde a su condición de autoridad sobre el idioma español".
Recordamos que en su comunicado al respecto, la RAE brindó al Gobierno de España su ayuda en calidad de asesoramiento, circunstancia que también fue interpretada por algunos sectores como otra crítica velada a la ley Celaá, fuertemente contestada por la oposición parlamentaria. "Entendemos que la RAE carece de competencia para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, pero eso no impide que haga sentir su voz, avalada por más de tres siglos en defensa de nuestro idioma, para procurar que la reforma legal no cuestione el uso del español en todo su territorio", escribe la ANLE en su misiva.