Unos días antes de comenzar la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires, un representante de una ONG noruega y una periodista británica fueron expulsados del país apenas pusieron un pie en el aeropuerto de la capital argentina.
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© Sott.netEl gobierno sistemáticamente acalla todas las voces disidentes
Petter Titland, activista de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), fue demorado durante varias horas en Ezeiza cuando intentó ingresar al país, y finalmente expulsado a Brasil. La misma suerte corrió la periodista británica Sally Burch quien fue puesta en un vuelo con destino a Ecuador. Ambos denunciaron la existencia de listas negras y que sus nombres aparecieron en ellas al pisar suelo argentino.

Varios medios informaron que entre otros también Genevieve Azam, Christophe Aguitton e Isabelle Bourboulon, miembros de ATTAC France y el belga Michel Cermak, de la ONG CNDD/11.11.11 (una red con 90 miembros entre los que figuran Caritas, Oxfam y Médicos del Mundo), tuvieron la entrada prohibida al país.

La infame "lista negra" tenía nombre de organizaciones y mencionaba al menos 2 o 3 personas de cada una de ellas. En total enumeraba 26 entidades de 17 países y 63 acreditaciones de personas físicas que eran consideradas revocadas. La existencia de esta lista fue denunciada por varios activistas y un sector del periodismo argentino.

En el caso de Sally Burch, la periodista fue calificada como "disruptiva" por la Cancillería Argentina. Sally declaró más tarde: ""Nunca tuve actitudes disruptivas, y menos todavía abogué por la violencia. Por eso, la única explicación que puedo encontrar para mi deportación de la Argentina es que el gobierno halla 'disruptivas' mis opiniones y mis análisis. Lo digo para usar un término empleado por un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores". Burch consideró que podría haber sido tipificada como disruptiva debido a "la agenda neoliberal y favorable a las corporaciones".

Las prácticas totalitarias del gobierno argentino se hicieron más evidentes aún porque respecto a Sally Burch existía un fallo de la Cámara Federal de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) que revocaba el impedimento para que entrara al país. Aún así las autoridades argentinas ignoraron este fallo y otras gestiones realizadas, y la deportaron luego de tenerla retenida varias horas en el aeropuerto.

En tanto Petter Titland resaltó en una entrevista en una radio brasileña, que "es una oportunidad para que el mundo vea la situación de Argentina y del gobierno", al que calificó de "autoritario". También sostuvo que le dijeron que no lo dejaban entrar "por lo que escribo en su sitio web. Allí figuraban investigaciones de los Panamá Papers y otros". Finalmente sentenció "lo actuado por el gobierno anfitrión no tiene precedente en la historia de la OMC. Es un gran escándalo que nunca sucedió esto".

ATTAC, la red a la que pertenece el activista noruego, es una red internacional de organizaciones que trabajan contra la desigualdad económica, se opone a los paraísos fiscales y los tratados de libre comercio. Titland consideró que fue visto como una amenaza para el presidente Macri, principalmente porque el primer mandatario tiene un largo prontuario como evasor fiscal y fue una de las figuras más resonantes que aparecieron en los Panamá Papers.

Ambos activistas advirtieron que la democracia argentina está dando claras señales de un deterioro rápido y peligroso. El estado de derecho parece estar desapareciendo, y lo que es peor, un amplio sector del pueblo no parece estar notándolo.

El gobierno argentino se excusó afirmando que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia comandada por Gustavo Arribas, denunciado en el caso Odebrech por recibir sobornos) había revisado sus redes sociales y encontraron criticas al presidente Mauricio Macri. También afirmaron que los deportados instigaban a la violencia y tenían antecedentes delictivos. Por ambas afirmaciones tuvieron que retractarse, y tras las protestas de la UE y los gobiernos respectivos de los perjudicados, finalmente la cancillería argentina autorizó la entrada de los representantes deportados.

Los hechos parecen hablar por sí solos. Desde el arribo de Mauricio Macri al gobierno argentino, uno tras otro se han sucedido hechos violentos que incluyen violencia policial (ya hay dos víctimas fatales en manos de las fuerzas estatales), persecución y hostigamiento a voces disidentes, y represión implacable a las manifestaciones ciudadanas públicas.

Todo sugiere que el único modo que el gobierno concibe de llevar adelante políticas económicas que aniquilen a la clase media y precaricen las condiciones de vida de la mayoría de la población, es a través de un riguroso y violento control de todo aquello que pueda desafiar su autoridad, y poner en riesgo su agenda de enriquecimiento personal y entrega total del futuro del país a codiciosas manos extranjeras.