
En una ordenanza, firmada por el procurador adjunto Nello Rossi y el Ministerio público Stefano Roco Fava, se dio marcha atrás en el decomiso de los recursos que, originalmente, estaban distribuidos en dos bancas italianas.
La indagación inició luego que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como la banca vaticana, intentó transferir el dinero de cuentas en los bancos Crédito Artigiano (20 millones) y del Fucino (tres millones) a su similar JP Morgan de Frankfurt (Alemania).
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Banca de Italia reportó el movimiento (con fecha del 6 de septiembre de 2010) como sospechoso porque el IOR no ofreció información sobre la identidad de los propietarios de la suma.
Por su parte, la Procuraduría estableció el "secuestro preventivo" de los recursos.
En la investigación se mantienen como "indagados", por supuesta violación de las normas contra el reciclaje de capitales, al presidente del Instituto papal, Ettore Gotti Tedeschi, y al director general, Paolo Cipriani.