La maquinaria de propaganda de Israel se enfrenta a una presión judicial cada vez mayor después de que "influencers", consultores y empresas de imagen presentaran demandas por valor de millones de shekels contra el gobierno de Tel Aviv, acusándolo de no pagar el trabajo realizado en apoyo a su campaña de intoxicación durante el genocidio de Gaza.
Según el periódico israelí de economía
Calcalist, muchas de las personas involucradas fueron reclutadas urgentemente en el punto álgido de las matanzas para promover retóricas proisraelíes en el extranjero, sólo para descubrir más tarde que el gobierno no había pagado lo que prometió.
Las investigaciones han descubierto graves irregularidades dentro de la Oficina del Primer Ministro, que se hizo cargo del aparato de intoxicación internacional de Israel tras el colapso del Ministerio de Información tras la Operación Inundación de Al Aqsa en octubre de 2023.
