Traducido por el equipo de SOTT.net
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el botón legal antimonopolio radiactivo y
han presentado una demanda contra BlackRock, Vanguard y State Street. Los estados alegan que las gestoras de fondos compraron grandes participaciones en empresas de carbón y luego se confabularon para promover objetivos ESG y DEI (diversidad, equidad e inclusión) que redujeron la producción de carbón. La disminución de la oferta de carbón, a su vez, aumentó el coste de la electricidad para los consumidores.
Fue un comportamiento fundamentalmente anticompetitivo. Estas tres empresas juntas tienen 26 billones de dólares de activos bajo gestión. Eso es sólo un billón menos que todo el PIB de EEUU.
En este caso, parte de la colusión se ocultó a plena vista. Las tres gestoras de fonfos dijeron que intentaban salvar el mundo y proteger a la gente, y se unieron a grupos como el GFANZ y a alianzas Net Zero como Climate Action 100+. Pero al final, estos tres gigantes financieros habían adquirido colectivamente cerca del 30% de la mayoría de las empresas de carbón estadounidenses, y aunque afirmaban tener buenas intenciones, los 11 fiscales generales de los Estados argumentan que cualquier alegación extraña de beneficios sociales es irrelevante. Estas tres empresas se han beneficiado inmensamente mientras que a los clientes se les ha negado el acceso a un mercado libre y abierto, y han pagado facturas de electricidad más elevadas.
En una democracia, se supone que el pueblo decide las políticas, no los oligarcas.Fíjese en el control que las tres supermasivas gestoras de fondos tenían sobre la industria del carbón:
No es de extrañar que las empresas del carbón fueran tan patéticas a la hora de defenderse y luchar contra la propaganda climática. Fueron capturadas por el Monstruo y retenidas como rehenes de objetivos mayores:
BlackRock, Vanguard y State Street, demandadas por estados republicanos por su presión climática por Jonathan Stempel y Carolina Mandl (Reuters).
Los demandados fueron acusados de explotar su poder de mercado y su participación en grupos de defensa del clima para presionar a las empresas del carbón para que redujeran la producción y las emisiones de carbono en más de un 50% para 2030, aumentando las facturas de servicios públicos de los consumidores.
"Los mercados competitivos, y no los dictados de lejanas gestoras de fondos, deberían determinar el precio que pagan los estadounidenses por la electricidad", afirmaban los estados en la demanda.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina presentó la demanda, acusó en un comunicado a los demandados de promover un "armamentismo ilegal de la industria financiera al servicio de una agenda 'medioambiental' destructiva y politizada".
La demanda pretende impedir que estas empresas voten resoluciones de los accionistas o actúen de forma que socaven la producción de carbón y la competencia. Los fiscales generales también quieren dinero: piden que se paguen multas por la violación de las leyes antimonopolio.
Comentario: Escuche al experto en control de fronteras e inmigración ilegal JJ Carroll describir la increíble arrogancia e ignorancia del congreso cuando intentó informarles de la tragedia de los niños desaparecidos: