Físicamente, sin embargo, Tom está en forma y ha sobrevivido a la covid con un resfriado. A pesar de ello, una autoridad sanitaria gubernamental, una Junta de Cuidados Integrados (ICB), ha seguido gastando durante dos años una pequeña fortuna en abogados en el Tribunal de Protección exigiendo, en contra de los deseos de su madre, que se administre a Tom la vacuna Covid-19.
¿Qué es lo que ocurre?
El Tribunal de Protección es una creación de la Ley de Capacidad Mental de 2005, una ley hecha con la intención de dar voz a las personas vulnerables. Es un tribunal donde se pueden tomar decisiones de vida o muerte sobre tratamientos médicos y está ocupado por un selecto grupo de jueces y abogados nombrados por el tribunal para abogar en nombre de la persona vulnerable.
Algo falla. Existe una preocupación generalizada de que, en este tribunal poco conocido o comprendido, las decisiones estén reflejando la influencia política y facilitando la interferencia del Gobierno en la vida privada de las familias, donde el Gobierno y los tribunales no deberían tener nada que hacer.
La cuestión fundamental es que, aunque el tribunal declara que dará mucha importancia a la opinión de los padres, tiene la opinión inamovible de que una vez que el menor cumple 18 años se convierte en "adulto" y tiene derecho a tomar decisiones autónomas. Para facilitar esa autonomía, el juez decidirá qué tratamiento médico debe administrarse. Esto será así no sólo cuando el duelo o la angustia extrema puedan enturbiar la toma de decisiones racionales, sino para todas las decisiones médicas que se discutan ante el Tribunal.
Sin embargo, es el tribunal el que es irracional. Cuando una madre ha tomado todas las decisiones en la vida de su hijo desde su nacimiento, el regalo de autonomía por su 18 cumpleaños es un concepto extraño y cruel de pura ficción.
Los abogados designados por Tom han afirmado que la orden del tribunal de septiembre de 2022, que declaraba que lo mejor para Tom era ser vacunado "lo antes posible", debe cumplirse y su madre debe ser amenazada con ir a la cárcel si se opone. Argumentan que el tratamiento debe ser el recomendado en el Libro Verde, la guía del Gobierno para los profesionales de la salud. Y lo hacen a pesar de que un especialista en la enfermedad de Tom advirtió de riesgos particulares para él debido a su anomalía cromosómica.
Has leído bien. Los abogados de oficio de Tom argumentan que las decisiones razonables de tratamiento de su madre y el aviso del informe del especialista deben desestimarse y pasar a un segundo plano frente a las guías del Gobierno, según las cuales Tom debe arriesgarse a ponerse la vacuna Covid-19. Por la covid. Porque es segura y eficaz.
Puede que esa sea su postura, pero no pueden constatar mejor que nadie los deseos de Tom. Su trabajo es representar los intereses de su cliente, no los del tribunal, ni los de nadie más, y no insistir en que se desestimen los avisos de daño inmediato.
Los abogados de Tom también respaldan el rechazo de plano (y la descripción como "regresiva") por parte del docto juez de cualquier argumento de que la familia debería seguir tomando decisiones sobre la salud de Tom tras cumplir 18 años. Como se le planteó retóricamente al abogado de Sarah: "No hay ningún poder conferido a los padres de un hijo adulto para tomar decisiones por él. ¿Te gustaría que tu padre tomara decisiones por ti?". Si ser progresista significa pretender que el tribunal pueda regalar autonomía a Tom, entonces nos vamos al infierno de cabeza.
A pesar de tales consideraciones, en la última vista fue un alivio para la madre de Tom que el juez decidiera que "el panorama de la covid ha cambiado" y que ahora había tiempo para examinar el informe del especialista.
Superfluo a esa decisión, tras haber sugerido previa y peyorativamente que la madre de Tom podría ser antivacunas, el juez también sugirió que la médica de cabecera (que había visto el informe del especialista) debería haberse remitido al Consejo Médico General por su negativa a administrar la vacuna Covid-19 a su paciente y debería haberse retirado como médico de cabecera.
Con todos mis respetos, tales consideraciones contra esta médica eran innecesarios e ilustran una presión y una amenaza muy reales de los tribunales a la independencia y las prácticas éticas de los médicos. Alguien se encargó de denunciar estos observaciones a la propia ICB supervisora de la médica de cabecera. Ahora es objeto de una investigación y se enfrenta al considerable desgaste personal que supone poner en peligro su carrera profesional y su medio de vida.
A pesar de que es extremadamente dudoso que cualquier juez tenga el poder de ordenar a un médico que administre un tratamiento contrario a su evaluación clínica (a diferencia de abstenerse del tratamiento), y a pesar de que esta médica de cabecera actuó sobre la base de un informe que no estaba disponible para el tribunal en 2022 cuando se hizo la declaración del tribunal, el proceso es el castigo.
Seguimos teniendo a la vista las lesiones por talidomida, que la vacuna Pandemrix de 2009 causó narcolepsia en niños y que el NHS permitió que se utilizara sangre infectada de sida para tratar a pacientes. Los primeros ministros han tenido que disculparse por ello. En la actual investigación covid en Escocia, los testigos están describiendo el escándalo de atribuir muertes a la covid que se debieron a la política de cierres y a los protocolos para situaciones terminales promovidos por encima de la evaluación clínica.
¿Con qué arrogancia piensan los tribunales que ellos o el Gobierno saben más que los amorosos padres?
No tienen ninguna razón, ni permiso, para confiar en que, en relación a las vacunas Covid-19, la información del Gobierno no sea tan defectuosa, incluso deshonesta, como lo ha sido en otros escándalos farmacéuticos.
No se puede permitir que los tribunales se conviertan en ejecutores de facto de la política del Gobierno. Las familias tienen derechos y responsabilidades.
El caso de Tom vuelve a los tribunales los días 4 y 5 de julio. El juez ha advertido que es posible que se vuelva a ordenar la vacunación de Tom.
Se trata de un caso importante para los derechos de todas las familias. Representado por Paul Diamond, abogado líder en derechos humanos, el fondo colectivo para pagar sus honorarios legales está aquí. Por favor, dona lo que puedas. En cualquier caso, por favor, comparte ampliamente la historia de Tom. Los principios en juego son universales.
Stephen Jackson es asesor y director de Jackson Osborne, asesores de la madre de Tom.
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